Este martes 31 de diciembre vencen unos 57.000 contratos de empleados estatales y hay alarma entre los sindicatos porque el Gobierno no ratificó su continuidad.

Durante su primer año de gestión, el Gobierno de la Libertad Avanza fue recortando la planta del Estado por tandas. Esta nueva ventana, además, coincide con la implementación del examen para empleados públicos, cuya aprobación es indispensable para seguir formando parte de la planta estatal. En un primer intento, lo aprobó el 95% de los inscritos.

"El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los 57.513 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año", exigió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, en un posteo en X al que adjuntó la imagen de cuatro personas con la pechera del sindicato cortándole la cabeza con una motosierra a un león. Por este hecho, un diputado nacional lo denunció por "instigación a cometer delitos, apología del crimen, rebelión, sedición y desacato".

ATE no sólo reclama la continuidad de los empleados estatales, sino también la anulación del Sistema de Evaluación Pública y el pase de los trabajadores contratados a planta permanente.

"En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Javier Milei", advirtió.

Desde el 10 de diciembre pasado, el Gobierno aplicó un fuerte ajuste sobre la Administración Pública Nacional. Si bien en un primer momento el presidente Javier Milei había anunciado que se despedirían a 70.000 empleados públicos, la cifra, finalmente, rondó los 34.000.