El ministro de Seguridad de CABA fijó la nueva fecha para el 26 de febrero y desde la oposición pidieron que se presente de todas formas.

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Desde el Poder Ejecutivo mantienen la confianza en que el Poder Judicial continúe con las investigaciones correspondientes para que el asesinato del fiscal se esclarezca.
A diez años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el Gobierno apoyó la hipótesis de que se trató de un “asesinato” y pidió que su muerte “no quede impune”. El mensaje del oficialismo fue compartido a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, en el cual recordaron el contexto en el que el fiscal fue encontrado sin vida en las torres de Le Parc de Puerto Madero.
En el documento se remarca que un elemento central de la acusación de Nisman era el Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República Islámica de Irán, el cual desde el Gobierno señalaron como “un verdadero ejemplo de entrega de soberanía y traición a la patria”.
“El Presidente Javier Milei reafirma su compromiso de procurar que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, para lo cual ha presentado ante el Congreso el proyecto de ley de Juicio en Ausencia, que asegura que los responsables del peor atentado de la historia en suelo argentino no queden impunes”, sigue el comunicado emitido.
Finalmente concluye: “Desde el Poder Ejecutivo se mantiene la confianza en que el Poder Judicial continúe con las investigaciones correspondientes para que el asesinato del Fiscal Nisman no quede impune. También, espera que continúen las líneas de investigación de la denuncia que él realizó para que los culpables terminen tras las rejas”.
El comunicado del Gobierno va en línea con la última reafirmación que hizo la Fiscalía Federal N.º 3, encabezada por el fiscal Eduardo Taiano con la colaboración del auxiliar Hernán Kleiman, donde se lleva adelante la investigación por la muerte de Nisman.
En la misma reafirmaron que el fiscal fue asesinado debido a su trabajo en la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA).
La hipótesis central del trabajo judicial apunta a que el crimen fue ejecutado por actores que buscaron silenciar al fiscal, cuyos hallazgos en torno al pacto con Irán comprometían a altos funcionarios del gobierno argentino que en ese momento encabezaba Cristina Kirchner.
El ministro de Seguridad de CABA fijó la nueva fecha para el 26 de febrero y desde la oposición pidieron que se presente de todas formas.
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