El Gobierno nacional presentó una denuncia contra la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas ° 15, por su actuación en la liberación de los detenidos durante la manifestación de jubilados y barras bravas el miércoles pasado frente al Congreso.

La presentación fue realizada por el  Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, por orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y le imputa a la magistrada los supuestos delitos de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

"Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes. No fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones", dijo Bullrich en un posteo en X.

En el texto, Soto señaló que en la movilización del miércoles pasado, participaron barras bravas de Chacarita, Boca, River, Independiente,Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago y Los Andes, entre otros clubes. 

"Esos grupos actuaron clara y evidentemente en forma organizada, movilizando un gran número de personas que ejercieron actos de violencia de extrema gravedad", aseguró en la presentación.

El Ministerio también remarcó que "la violencia ejercida fue premeditada y organizada, puesto que los agresores ya arribaron a la movilización munidos de instrumentos contundentes (palos, fierros), armas blancas (facas, cuchillos) armas de fuego, clavos de tipo “miguelito” para pinchar las gomas de las ruedas de los ciclomotores y los patrullerosde las Fuerzas de Seguridad y elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, causando daños y lesiones".

Más de 100 personas fueron detenidas luego del enfrentamiento entre la Policía y los manifestantes el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso. Sin embargo, la mayoría fueron liberados pocas horas después por orden de Andrade.

En declaraciones radiales, la jueza explicó que priorizó el derecho a manifestarse de los detenidos por sobre su situación penal. Además, dijo que las detenciones no fueron informadas como exige el protocolo.

"Nosotros no vamos a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes. La denunciamos por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás", completó Bullrich.