La lancha había zarpado el pasado domingo desde la zona de Hudson para realizar una jornada de pesca y debía regresar por la tarde.
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Buscan una embarcación con cinco tripulantes desaparecida en el Río de la Plata
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La investigación contra el ex intendente y ex dirigente libertario también abarca incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y administración fraudulenta.

En la jornada del lunes, la Justicia imputó al ex intendente de La Plata, Julio Garro, en una causa por presunta participación en una asociación ilícita relacionada con la autorización irregular de 400 barrios privados en la ciudad.
La investigación también incluye los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta, solicitó medidas de allanamiento, registro y secuestro de documentación en propiedades y oficinas vinculadas a exfuncionarios municipales y empresarios del sector de la construcción. Entre las sedes allanadas se encuentran Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cía. SRL, Solvial Construcciones y Agrycon S.A.
Según la investigación, se exigía a los desarrolladores la contratación de una empresa constructora presuntamente vinculada a funcionarios de la gestión de Garro para la urbanización de los barrios. También se investiga la relación del ex intendente y su entorno con la inmobiliaria ONE, con operaciones en City Bell y Punta del Este, sospechada de comercializar terrenos de estos emprendimientos.
La causa estima un perjuicio económico de 700.000 millones de pesos, con un volumen total de operaciones inmobiliarias de 1.500 millones de dólares. Entre las pruebas se encuentran documentos alterados en expedientes municipales, sobreprecios en obras públicas y desvíos de fondos en convenios urbanísticos.
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La lancha había zarpado el pasado domingo desde la zona de Hudson para realizar una jornada de pesca y debía regresar por la tarde.
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El organismo aprobó garantías por USD 2.000 millones que permitirán avanzar en una operación financiera con tasas más bajas y vencimientos de largo plazo.
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Declararán más de 200 testigos y se espera que durante el juicio, que durará más de cuatro meses, surjan nuevas pistas para la investigación del caso.
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El sospechoso evitó responder preguntas ante el fiscal Garzón. Ahora enfrenta cargos que contemplan prisión perpetua.
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