Los incidentes del miércoles pasado frente al Congreso durante una marcha de jubilados e hinchas de fútbol puso en alerta al Gobierno. Por eso, en la antesala de una nueva protesta, los principales funcionarios encargados de la seguridad se encontraban reunidos esta mañana en Casa Rosada.

Según informó la agencia de noticias NA, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el titular de la Secretaría de Inteligencia, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz, se encontraban reunidos esta mañana en el despacho que el asesor presidencial Santiago Caputo tiene en Casa Rosada. Del encuentro también participaban el secretario de Transporte, Franco Mogetta; y el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio.

Fuentes oficiales dijeron que el operativo de mañana será similar al de la semana pasada, cuando serios enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes dejaron como saldo varios heridos, cientos de detenidos y graves destrozos en la Ciudad de Buenos Aires. 

Participarán del dispositivo de seguridad efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En Casa de Gobierno descartaban la participación de barras bravas, a quienes atribuyen los episodios de violencia de la semana pasada.

Durante los últimos días, la plana mayor de la administración libertaria salió a defender el operativo de seguridad. Denunciaron que la movilización apunta a desestabilizar al Gobierno y hasta afirmaron que configuró un intento de golpe de Estado.

También respaldaron el accionar policial, pese a que el cartucho de un gas lacrimógeno disparado por un efectivo de Gendarmería alcanzó en la cabeza al fotoperiodista Pablo Grillo, quien todavía permanece internado en grave estado.

Otro factor que pone en alerta a la Casa Rosada es que la marcha de mañana coincidirá con el debate en Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Gobierno busca dictaminar hoy el texto para allanar su tratamiento en la sesión de mañana. Si no lo consiguiera, necesitaría el aval de dos tercios de la Cámara para tratalo sobre tablas.

En cualquier caso, el oficialismo deberá asegurarse los votos para aprobar el DNU y dejarlo firme. Es que según la normativa vigente, ambas Cámaras deben rechazar un Decreto para derogarlo. Es decir, con el aval de una de ellas, el Gobierno se asegurará su validez.