La decisión buscaría reducir gastos públicos y se toma tras la realización del evento el año pasado, cuando se recuperó tras varios años de ausencia.
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El fiscal Álvaro Garganta sostuvo que ex funcionarios bonaerenses actuaron en connivencia con gestores para eliminar multas de tránsito a cambio de dinero, y que empresas fueron obligadas a contratar con firmas vinculadas al esquema investigado.
En las últimas horas, se confirmó que el ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue imputado como partícipe necesario en una causa que investiga maniobras fraudulentas vinculadas al sistema de recaudación de multas de tránsito y a la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La medida también alcanza a otros 15 ex funcionarios provinciales.
De acuerdo a la acusación impulsada por el fiscal Álvaro Garganta, los funcionarios involucrados “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ‘gestores’ a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”. La operatoria permitía eliminar multas a cambio de un porcentaje de lo que debía pagar el infractor, lo que generó un perjuicio económico estimado entre 4 y 10 millones de dólares mensuales para la empresa concesionaria del sistema de fotomultas, Secutrans.
También se detalla que siete empresas habrían sido obligadas a contratar los servicios de “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, firma encargada de la asignación de turnos para la VTV, que percibía una comisión del 8,5% más IVA por cada operación.
En paralelo, incluyen presuntas irregularidades en los convenios firmados con CECAITRA, una asociación civil a cargo de la administración de cinemómetros en distintos municipios bonaerenses. Y, según la investigación, las infracciones captadas por al menos 155 radares en partidos como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen fueron utilizadas para facturar ingresos que habrían sido manejados de manera irregular.
Entre los imputados se encuentra Claudia Pombo, ex concejala de Pilar y pareja de D’Onofrio, señalada por coordinar las actividades de los gestores. También fue imputado Mario Quattrochi, juez de faltas de La Plata, acusado de intervenir en la eliminación de infracciones a cambio de sobornos.
Además, fueron alcanzados por la imputación Sebastián Desio, presidente de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.; Pablo Javier Sanguinetti, ex titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial; Tomás Uthurriague, ex director de Informática del mismo organismo; y otros exfuncionarios que respondían a D’Onofrio.
La decisión buscaría reducir gastos públicos y se toma tras la realización del evento el año pasado, cuando se recuperó tras varios años de ausencia.
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