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"La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la nación", sostuvo el ministro.

El ministro de Defensa, Luis Petri, informó que autorizó a las Fuerzas Armadas a detener, de forma transitoria, a "civiles" que hayan cometido "delitos de flagrancia", lo que fue cuestionado por los ex ministros José Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy.
"Es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de que lado van a estar", expresó Petri desde sus redes sociales.
En la misma línea, manifestó que la ley autoriza a las FFAA "a reforzar el control de fronteras" y que la posibilidad de detención en flagrancias "está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación".
En referencia a esta iniciativa, López Murphy manifestó en el diario Clarín que la ley de Seguridad Interior "impide el empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de misiones" y recordó que la información emitida por el ministro de Defensa, por el momento, "no se ha hecho pública": "Una ley tiene jerarquía superior a un decreto y a una resolución", señaló.
"Las Fuerzas Armadas no tienen autoridad para llevar a cabo esta acción, ya que no tienen función policial. Además, estamos sustrayendo a las Fuerzas del cumplimiento de su misión específica", remarcó López Murphy.
Por su parte, y siguiendo la postura de López Murphy, el actual diputado por Hacemos Coalición Federal (HCF), José Horacio Jaunarena, aseguró que esta medida es "absolutamente innecesaria"; destacó que nuestro país es uno de los que posee "mayor cantidad de personal de seguridad en relación con la población" y que se debería "destinar a cada fuerza a su misión específica", para lo que se necesita "organización, equipamiento y adiestramiento" del personal.
Jaunarena planteó que la iniciativa por parte de Petri es "contraria a lo estipulado por las Leyes de Defensa y Seguridad Interior" y declaró, al igual que López Murphy, que una resolución ministerial "no es suficiente" para modificar una ley, "por más que las intenciones sean buenas y que la ley esté obsoleta".

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