El plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen para declarar la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2027. El proyecto, impulsado por bloques opositores, será tratado en el recinto el próximo 14 de mayo.

El dictamen de mayoría obtuvo 59 firmas de legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. También se presentaron dictámenes de minoría por parte del PRO (14 firmas), Democracia para Siempre (8 firmas) y la UCR (7 firmas).

El titular de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (Unión por la Patria), señaló que "no se actualizan las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares) ni los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos", y denunció que "cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023". También cuestionó el accionar de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): "Le han pedido un nivel de ajuste tal que no es posible cumplir con las auditorías".

Además, se refirió a la situación de las pensiones no contributivas y afirmó que "en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes". Sobre las auditorías en marcha, agregó: "Está claro que hay personas que han accedido a una pensión y no les correspondía. Pero no están haciendo las auditorías como deberían, porque no identifican a los médicos que han dado cantidad de certificados por encima del promedio y evaluar la situación o las localidades donde se está claramente por encima del promedio".

En paralelo al tratamiento en comisiones, organizaciones de personas con discapacidad realizaron movilizaciones en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Santa Fe, Mendoza y Neuquén para reclamar por la aprobación del proyecto.

Tras la firma de los dictámenes, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió un comunicado donde expresó su "enérgico rechazo" a la iniciativa, al considerar que "apela a un modo asistencialista que ya fracasó". Según el organismo, "es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad".