La administración nacional oficializó este viernes la implementación de la Ley N° 27.786 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial bajo el número 572/2025 y firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

A través del escrito, el Ejecutivo le solicitó a los magistrados federales con competencia en esa jurisdicción que declaren a Rosario como “zona sujeta a investigación especial”, tal como establece el artículo 4° de la ley aprobada en marzo de este año. De esta forma, las fuerzas de seguridad y la Justicia Federal podrán contar con “mayores herramientas para la lucha contra el crimen organizado”, según señala el documento.

En los fundamentos de la resolución, se advierte que “el crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público” y se plantea la necesidad de “respuestas urgentes y contundentes” por parte de los distintos niveles del Estado involucrados en tareas de prevención, investigación y represión.

También se hace referencia a la importancia de mejorar la cooperación entre organismos, al señalar que “la colaboración y el intercambio de información facilitan el desarrollo de una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado”.

Como parte de la medida, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que ya operan en Rosario quedarán a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal para tareas vinculadas a la detección de delitos contemplados en la ley, tanto antes como después de que se haga efectiva la declaración de zona especial.

La Ley Antimafia fue sancionada durante las sesiones extraordinarias del Congreso y promulgada por el Decreto 177/2025. Su objetivo principal es reforzar las capacidades del Estado en la investigación y sanción de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y el lavado de dinero. La normativa define como organización criminal a cualquier grupo compuesto por tres o más personas que actúe de manera coordinada para cometer delitos graves. Además, contempla que las autoridades judiciales puedan establecer zonas de investigación especial, autoriza la intercepción de comunicaciones y habilita el decomiso de bienes asociados a actividades ilícitas incluso antes de una sentencia firme, con garantía de devolución en caso de absolución.

Por último, la ley incluye modificaciones al Código Penal que agravan las penas para quienes participen o colaboren con este tipo de estructuras, con sanciones que van de 8 a 20 años de prisión. También establece la posibilidad de detenciones extendidas de hasta 15 días en casos vinculados a organizaciones criminales transnacionales, previa autorización judicial.