Durante la última audiencia, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó que el juicio oral por la muerte de Diego Maradona se suspenda por diez días. El pedido fue dirigido al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 del distrito y se fundamentó en la necesidad de esclarecer una situación que, en palabras del fiscal, implica “gravedad institucional”. La preocupación radica en una investigación que involucra a la jueza Makintach por su presunto vínculo con la producción de un documental vinculado al proceso judicial.

La causa que motiva el pedido tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Isidro y se inició tras una denuncia presentada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes de Dalma y Gianinna Maradona, y de Verónica Ojeda. En esa presentación se solicitó investigar si existieron “gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales” sin el conocimiento de las partes, lo que afectaría principios esenciales del proceso penal.

En su intervención, Ferrari argumentó que el episodio fue “un paso de comedia” y que no podía minimizarse: “¿Qué podríamos hacer ahora a partir de lo que observamos? ¿Fingir demencia, hacer que no pasó nada?”. También sostuvo que lo ocurrido compromete “el prestigio del Poder Judicial”.

La iniciativa del Ministerio Público Fiscal fue respaldada por los representantes legales de los particulares damnificados. De hecho, Burlando se refirió a lo sucedido como una expresión de “desidia y desprolijidad”, y añadió: “No podemos reponernos del impacto que generó lo vivido y ocurrido durante la última jornada”.

En ese contexto, el abogado Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, formalizó una recusación contra Makintach y afirmó que, según surge de la investigación, la magistrada habría autorizado la instalación de cámaras el primer día de audiencias, pese a que el tribunal había prohibido su ingreso. “Mi interés es respetar los principios de legalidad e imparcialidad de los magistrados que tiene este debate”, explicó.

Y, por su parte, Nicolás D’Albora, defensor de Nancy Forlini, coincidió en que es un hecho de gravedad pero que no podía referirse a una recusación fundada en rumores y advirtió que "si hay que apartar a Makintach, este debate se cae y queda nulo porque no hay forma de rescatar la validez de los actos procesales". También pidió que las partes accedan al expediente y que el juicio se retome recién cuando haya definiciones claras.