En medio de la visita de Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud del Gobierno de Donald Trump, que será recibido por el presidente Javier Milei y la reunión que mantuvo con su par argentino, Mario Lugones, tras la confirmación de la salida del país de la OMS; la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan informó que este martes presentará una “denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de pacientes” contra las autoridades, mientras una profunda crisis azota al nasocomio por falta de personal médico y condiciones de trabajo deterioradas.

Los trabajadores del Garrahan denuncian un vaciamiento, el congerlamiento de salarios, las falta de profesionales y suministros, y anuncian una audiencia pública para el próximo viernes, además de una presentación en la Justicia de un amparo contra el cercenamiento del derecho a huelga desde la publicación en el Boletín Oficial del decreto 340/2025.

Norma Lezana, secretaria general de la APyT, confirmó que la situación en el hospital llegó a un punto crítico: “Hoy se vivió una escena de zozobra frente a la Dirección del hospital. Jefes, médicas y médicos de distintos sectores se concentraron para exigir respuestas ante la falta de cobertura de guardias en las más de 500 camas del hospital a partir de las 16 horas”, detalló.

Según la dirigente gremial, “el conflicto se origina en una crisis crónica de falta de profesionales que entró en una pendiente inédita en caída desde que asumió el gobierno Javier Milei, situación límite total tras la renuncia de más de 200 trabajadores que no han sido reemplazados, y que se agrava por un paro por tiempo indeterminado del personal de médicos residentes, quienes forman parte esencial del equipo de salud y que no llegan a ganar $750.000, salarios de miseria inéditos en los 37 años de historia de Garrahan”.

“Los residentes están en lucha por un salario digno. Son personal en formación que sostienen gran parte de la atención junto a los médicos de planta, y actualmente no están cubriendo guardias”, detalló Lezana, y advirtió que “las autoridades del hospital, lejos de brindar soluciones, respondieron mediante una nota institucional solicitando que los propios jefes armen un plan de contingencia para sostener la atención, lo que implica que, además de salarios bajos, se les exige a los profesionales que permanezcan más allá de su jornada laboral habitual, sin considerar sus responsabilidades familiares ni su calidad de vida; tengamos en cuenta que la jornada mínima del Garrahan es una 'jornada extendida', así se pactó desde la creación del hospital para brindar una máxima atención de calidad interdisciplinaria y sin pluriempleo. Hoy esto ya es insostenible”, remarcó Lezana.

Ante este panorama, la APyT convocó a una asamblea general este martes a las 13 en el auditorio del hospital, con participación de todos los sectores: residentes, becarios, personal de planta, administrativos y jefaturas. En ese espacio “se definirá la continuidad del plan de lucha y la posibilidad de un nuevo paro el día jueves, con cobertura de guardias”.

Nuevas medidas

El viernes 30 de mayo a las 15 se realizará una audiencia pública en el Congreso Nacional para interpelar a diputados y senadores de todos los espacios políticos, según precisó Lezano, con el objetivo es exigir un compromiso legislativo que garantice el funcionamiento y financiamiento estable del Hospital Garrahan a través de una "ley específica“. 

El Hospital Garrahan está en un 20% bajo la responsabilidad del gobierno porteño de Jorge Macri, mientras que el 80% recae en el ministro de Salud, Mario Lugones, del gabinete del presidente Javier Milei.

Desde APyT sostienen que el conflicto es “una consecuencia directa de la desatención de las autoridades frente al reclamo salarial y el deterioro progresivo de las condiciones laborales”. En ese marco, remarcan que “la salud pública y el derecho a la atención de los niños y niñas del país están siendo puestos en riesgo al día de la fecha”.

La presentación penal será formalizada este martes 27 de mayo, y la APyT advierte que continuará visibilizando la situación hasta obtener respuestas concretas. Días atrás presentaron otra denuncia, ante la justicia laboral, por el DNU de Milei que busca extinguir el derecho constitucional a huelga.