Con la publicación del Decreto 366/2025 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo puso en marcha una reforma migratoria que modifica varios artículos de la Ley N° 25.871. Entre los cambios se destacan un endurecimiento en los criterios de admisión y permanencia para extranjeros, nuevos requisitos documentales, limitaciones en el acceso a servicios y la creación de una agencia destinada a otorgar ciudadanía a quienes inviertan en el país.

Una de las modificaciones clave afecta al artículo 6 de la ley. A partir de ahora, el acceso a derechos como salud, educación o trabajo dependerá de la categoría migratoria del solicitante. El texto señala que el Estado garantizará protección e igualdad de condiciones, pero en los términos que correspondan a cada tipo de residencia.

También incluye precisiones sobre la educación obligatoria. Incluso en casos de migración irregular, los menores deberán ser admitidos en niveles inicial, primario y secundario, tanto en instituciones públicas como privadas. Sin embargo, en el nivel universitario, se introduce la posibilidad de que las instituciones públicas cobren retribuciones a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, aunque podrán acceder a becas si lo permiten los estatutos o convenios vigentes.

En el área de salud, el acceso a la atención en emergencias no podrá ser restringido en ningún caso. Para residentes permanentes, se garantiza la atención en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos. Y, para el resto de los casos, se exigirá la presentación de un seguro o el pago previo del servicio en establecimientos gestionados por el Estado nacional.

Además de los cambios en derechos sociales, la reforma establece que las personas que ingresen al país deberán completar una declaración jurada con los motivos del ingreso, comprometiéndose a no desvirtuarlos. También se intensificará la verificación de la documentación migratoria y se aplicarán sanciones más severas a quienes presenten datos falsos o ingresen de forma irregular.

Otro punto incorporado es la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que tendrá como objetivo ofrecer la ciudadanía argentina a extranjeros que realicen inversiones consideradas significativas. Según el decreto, la medida busca fomentar la llegada de capitales y generar empleo en el país. El texto oficial justifica estas reformas en función de los flujos migratorios actuales y los desafíos sociales y económicos con la intención de mantener a la Argentina como un destino posible para inmigrantes.