El Gobierno se desliga de la responsabilidad en la asistencia a personas en situación de calle y la delega en las provincias
El Poder Ejecutivo redujo su rol a "órgano rector" a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales con el argumento de diferencias regionales en la problemática social.
En medio del crecimiento en la cantidad de gente en situación de calle, el Gobierno implementó cambios significativos en la ley que regula sus derechos y limita su intervención directa. En su lugar, delega la responsabilidad de ejecución de políticas sociales a las administraciones provinciales y municipales.
La medida se implementó a través del Decreto 373/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial que lleva la firma del presidente Javier Milei, donde se redefine el alcance de la Ley 27.654, sancionada originalmente para garantizar el acceso a la vivienda y la protección de quienes están en riesgo de perderla.
La modificación de la norma reduce la participación del Poder Ejecutivo nacional a "órgano rector" a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales, mientras que su rol en la asistencia directa quedará supeditado a las que las capacidades técnicas, humanas o financieras de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean insuficientes.
La nueva autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Este organismo tendrá la tarea de coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.
El decreto subraya que las realidades locales varían según la región: mientras algunas zonas enfrentan problemas por alta densidad poblacional, otras tienen dificultades relacionadas con la precariedad habitacional o la movilidad de trabajadores migrantes. Ese es uno de los argumentos para que cada provincia y municipio diseñe sus propias estrategias de intervención, siempre que respeten los estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
El texto también deroga el inciso a) del artículo 12 de la ley original, que obligaba a mantener o integrar todos los programas preexistentes sin permitir su revisión o reducción. Según el Gobierno, esa obligación limitaba la capacidad de rediseñar políticas y reasignar recursos de forma más eficiente.