El próximo martes 8 de julio caducan las facultades delegadas otorgadas a Javier Milei por la ley “Bases”, vigente desde junio de 2024. Este instrumento habilitó al Poder Ejecutivo a emitir decretos de necesidad y urgencia en áreas como la administrativa, económico‑financiera y energética.

En las últimas semanas, el Gobierno aceleró una batería de medidas que incluye recortes en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la fusión del ENRE y Enargas, y una profunda reestructuración de Vialidad, en un intento de completar el “plan motosierra” antes del vencimiento de estas atribuciones.

Para el ministro Federico Sturzenegger, líder del Ministerio de Desregulación, aunque las facultades representan solo el 5 % del paquete de desregulación concretado, la mayoría de los recortes fueron impulsados bajo ese paraguas legal. Ahora planea seguir avanzando vía decretos y resoluciones ordinarias.

El vencimiento anticipa un cambio profundo en el esquema de gobernabilidad: el Ejecutivo ya no tendrá herramienta para legislar sin aval del congreso. Al mismo tiempo, miles de empleos públicos fueron eliminados, más de 50.000 hasta mayo, y numerosos entes estatales fueron intervenidos o liquidados.

Además, se agrava la tensión con gobernadores que exigen una recomposición de coparticipación y fondos para obras viales, incluso mientras el Gobierno recorta Vialidad. La inminente ausencia de facultades extraordinarias obliga al oficialismo a negociar caso por caso, justo cuando el bloque parlamentario de Milei enfrenta oposición organizada.