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La transferencia de las acciones en poder del Estado se realizará en dos tramos bajo la supervisión del Ministerio de Economía.
El Gobierno autorizó este miércoles el procedimiento para la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). A través del Decreto 494/25, aprobó el mecanismo para la privatización "total" de la compañía bajo la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado Nacional, cuyo porcentaje asciende al 90%.
La transferencia de acciones se concretará en dos tramos. Bajo la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas", dependiente del Ministerio de Economía, se ejecutará la venta de al menos el 51% del total del paquete accionario de AySA a un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional. El remanente de las acciones en manos del Estado será vendido en bolsas y mercados del país.
"El Ministerio de Economía, en su carácter de Autoridad de Aplicación, adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales", se apuntó en la Resolución.
El Gobierno afirmó que el Plan de Acción de Transición de las acciones de la compañía a manos privadas "constituye una herramienta central para garantizar la continuidad, eficiencia y sustentabilidad de la prestación en el corto plazo, al tiempo que facilita la planificación futura de mediano y largo plazo bajo un nuevo esquema normativo, institucional y de gestión".
Tras el anuncio oficial, La Libertad Avanza explicó que la decisión de privatizar la empresa se dicta "en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público".
También señaló que desde 2006, cuando se firmó su reestatización, y hasta 2023, AySA recibió transferencias del Tesoro Nacional por 13.400 millones de dólares. Y advirtió que pese a esta asistencia financiera, "se ha producido un deterioro en la eficiencia y productividad, reflejados en una disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros".
La interrupción del servicio fue perceptible en diversas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo puntos emblemáticos como el Obelisco y el Congreso.
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