El Gobierno argentino presentó un pedido formal ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para que reconsidere su orden que obliga a la República a entregar comunicaciones del ministro de Economía, Luis Caputo; su antecesor Sergio Massa; y otros funcionarios de las administraciones de Milei y Fernández.

Esta medida había sido aceptada por la magistrada en el marco de una demanda por la expropiación de YPF, presentada por fondos especulativos, entre ellos Burford Capital.

En el escrito presentado, el Estado sostiene que no tiene en su poder los dispositivos electrónicos solicitados, dado que estos no le pertenecen, y por eso solicitó que se revierta la orden judicial que exige la entrega de estos correos y mensajes privados. Además de Massa y Caputo, la petición de información confidencial alcanza a varios otros funcionarios y exfuncionarios nacionales.

La Procuración del Tesoro informó la semana pasada que está “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes”, lo que anticipa una posible impugnación judicial a la medida dictada por Preska.

Este episodio refleja la tensión legal entre el Gobierno argentino y los fondos demandantes, que reclaman acceso a comunicaciones privadas de altos funcionarios en la causa por la expropiación de YPF. Desde el Estado se sostiene que la orden resulta desproporcionada y que no existen fundamentos para la entrega de la información solicitada.