Mientras dirige su atención al cierre de listas para las elecciones legislativas de septiembre -en la provincia de Buenos Aires- y octubre, el Gobierno se prepara para una nueva ofensiva de la oposición en el Congreso.
Esta semana, Diputados le dio media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario y la asignación de fondos para el Hospital Garrahan, en una sesión donde también voltearon una serie de decretos que desregularon organismos, los cuales fueron posibles gracias a las facultades delegadas que el mismo Congreso le otorgó a la Casa Rosada en junio del año pasado mediante la aprobación de la Ley Bases. Aquellas iniciativas aún deben ser tratadas en el Senado, pero todo apunta a que se convertirán en ley.
"Vetaremos todo lo que podamos vetar", anticipó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En ese cuadro también ingresarían los proyectos que reforman el sistema de distribución de Aportes del Tesoro Nacional Diputados (ATN) y del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, que tienen media sanción del Senado y están próximos a debatirse en la Cámara baja.
La herramienta de la que dispone el presidente Javier Milei para dejar sin efecto una ley sancionada por el Congreso, por el contrario, no aplica para el paquete de leyes que aumentan los haberes jubilatorios, incrementa y establece un mecanismo de actualización del bono que perciben los beneficiarios de la mínima y declara la emergencia en discapacidad.
Aquellas normas ya fueron impugnadas por el mandatario y la oposición en Diputados apura una sesión para intentar revertirlo. No será una tarea sencilla. Necesitan una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes en ambas Cámaras, aunque, como se dijo, el oficialismo se encuentra en clara minoría en el Senado, por lo que si el veto es rechazado en Diputados, lo más probable es que sea derogado por la Cámara alta.
Si este paquete de medidas fuera ratificado por el Poder Legislativo, el Gobierno no tendría más alternativa que cumplirlas, lo cual implica un mayor gasto público y, por consiguiente, y siempre según el discurso libertario, un golpe al equilibrio fiscal. De acuerdo con los cálculos que realizan en los despachos oficiales, la entrada en vigencia de estas normas redundaría en un gasto adicional de más de 7 billones de pesos para este año, y de cerca de 17 billones para el 2026.
Luego de un primer año de gestión sin mayores sobresaltos, el Gobierno ha comenzado a sentir el rigor de la oposición. En este escenario, LLA apuesta a un triunfo contundente en las elecciones legislativas de octubre para nivelar el tablero político dentro del Congreso. En ese sentido, el oficialismo acaba de cerrar una serie de alianzas en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires y otros distritos con el PRO y otras fuerzas provinciales.