El expediente que investiga a Alberto Fernández por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez ingresó en una nueva etapa procesal tras el pedido del fiscal federal Ramiro González para que el caso sea elevado a juicio oral y público. La solicitud fue presentada ante el juez Ercolini, quien ahora debe recibir la opinión de la defensa antes de resolver si envía el expediente a un Tribunal Oral Federal de Comodoro Py.

En su alegato, según informó Infobae, González sostuvo que la instrucción se encuentra concluida y que no restan medidas de prueba por realizar. La acusación formulada por la fiscalía comprende los delitos de lesiones leves y graves, ambas agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, además de amenazas coactivas. La expectativa de pena en caso de condena podría llegar a los 18 años de prisión.

La querella que representa a Yañez había solicitado la elevación a juicio un mes atrás. Con el nuevo dictamen, la defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira, fue notificada y dispone de seis días para responder, plazo que puede ser prorrogado. Cumplido ese paso, el juez quedará en condiciones de decidir y, en caso de proceder, sortear el tribunal que llevará adelante el debate oral.

La causa se originó en agosto del año pasado como desprendimiento de otra investigación en la que Fernández está procesado por presunta corrupción vinculada a la contratación de seguros durante su gestión. En ese expediente se peritó el teléfono de la ex secretaria presidencial María Cantero y se hallaron mensajes enviados por Yañez, en los que relataba agresiones y enviaba fotografías de moretones.

En un primer momento, cuando fue citada por el juez, Yañez decidió no realizar la denuncia, ya que este tipo de delitos requiere instancia privada. Tiempo después, al hacerse públicos los hechos, presentó la denuncia y se inició la investigación, en la que declararon familiares, médicos y empleados de la Quinta de Olivos. A su vez, el juez Ercolini procesó a Fernández tras considerar que la golpeó al menos en dos ocasiones, provocándole lesiones en el brazo y en el ojo derecho, y que ejerció coacciones para que no lo denunciara. La Cámara Federal confirmó esa decisión en abril.