El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, responsabilizó a la Provincia de Buenos Aires por fallas en el operativo policial que se llevó a cabo este miércoles en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, que terminó siendo cancelado por los graves incidentes que se produjeron entre los hinchas visitantes y la barra brava del Rojo.

"Frente a la violencia desatada por la hinchada visitante y la inacción de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso acciones inmediatas e inició actuaciones para sancionar a los responsables. El operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense y la Aprevide condujeron un dispositivo con fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención. Además, la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia", comienza el comunicado difundido por el Ministerio.

Y continúa: "Esta irresponsabilidad se agrava cuando el Gobernador Axel Kicillof y el Presidente de la AFA (Claudio Tapia) deciden, de manera inconsulta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante en el fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias".

Por el contrario, desde la cartera de Seguridad destacaron el trabajo de las fuerzas federales. "La Gendarmería Nacional requisó los micros de la barra visitante en el ingreso al país; el programa Tribuna Segura controló a más de 25.000 asistentes en el estadio, aplicando admisiones y capturas; y se impidió el ingreso de Juan "El Gordo Juani" Lenzicki, jefe de la barra de Independiente con restricción vigente", afirma el escrito.

Mientras la Conmebol está investigando los hechos sucedidos, el Gobierno enumeró una serie de exigencias a la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y del Ministerio de Seguridad bonaerense:

-Identificación de los violentos de ambas parcialidades y explicación de por qué no se actuó a tiempo.

-Aplicación del derecho de admisión de por vida en todos los estadios de Argentina.

-Entrega urgente de las cámaras de seguridad del club y sus alrededores para identificar responsables.

-Acciones de la Conmebol para sancionar de manera ejemplar al club visitante y a los responsables directos por los hechos de violencia.

-Un operativo conjunto con la Gendarmería y la Oficina de Inteligencia de Chile para identificar personas en frontera.

-Comunicación oficial a la Embajada de Chile, con presencia en la Comisaría 4ta de Avellaneda, y envío de una nota formal a ese país solicitando sanciones de ingreso a estadios para los hinchas involucrados.

-Pedido a Migraciones de la expulsión y prohibición de reingreso de los violentos extranjeros al país.

"El Ministerio de Seguridad Nacional se presentará en la causa penal. Lo ocurrido es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino y deja expuesta la total incompetencia de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense, que por acción u omisión consolidaron un esquema de "hinchadas unidas" y "dejar hacer" que agrava la violencia. El orden y la seguridad de los argentinos no puede quedar subordinada a la especulación política ni a intereses electorales", sentencia el comunicado.