La investigación por la distribución de fentanilo contaminado, que provocó la muerte de al menos 96 personas en hospitales y sanatorios del país, sumó en las últimas horas nuevas definiciones judiciales y detenciones. Entre los arrestados se encuentra Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., quien quedó imputado junto con directivos, accionistas y responsables técnicos de las compañías.

En paralelo a estos avances, el juez Ernesto Kreplak resolvió apartar al Ministerio de Salud de la Nación como querellante en la causa. En su resolución, indicó que "no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter" y advirtió sobre posibles conflictos de interés derivados del accionar de los funcionarios del Poder Ejecutivo en las auditorías realizadas a los laboratorios.

Tras la salida de la cartera sanitaria, permanecen como querellantes los familiares de las víctimas y el Hospital Italiano de La Plata, institución que fue la primera en denunciar la situación luego de registrar fallecimientos de pacientes a los que se les administró el fármaco adulterado.

El Ministerio Público Fiscal, en tanto, pidió al magistrado profundizar la investigación para establecer si existieron fallas u omisiones en los organismos estatales responsables de controlar a las empresas farmacéuticas. El planteo busca determinar si hubo complicidades que permitieron la circulación del producto contaminado en el sistema de salud.

Las detenciones incluyeron además a Diego y Damián García Furfaro, junto con su madre, Nilda, además de Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, José Antonio Maiorano, Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano. Todos ellos ocupaban cargos jerárquicos en HLB Pharma y Ramallo. El principal acusado, Ariel García Furfaro, se presentó en la noche del miércoles en la alcaldía del penal de Ezeiza. Tanto él como los otros imputados fueron citados este jueves a declarar ante el juez Kreplak, en el marco de la investigación que continúa en curso.