La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió avanzar judicialmente contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir la puesta en marcha de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Aunque la norma fue promulgada días atrás, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento necesarias para su cumplimiento.

En una resolución aprobada este miércoles, la institución encomendó al rector Ricardo Gelpi iniciar las medidas legales “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo” de la ley y “la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”. “Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, agregó la universidad.

En la misma línea, advirtieron que el aplazamiento “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos” en la norma. Además, manifestaron su “profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial” y que la ley responde a una "situación crítica", por lo que “su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.

Por último, la UBA reclamó la asignación “en forma urgente de los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.

El Decreto 759/2025, publicado el martes en el Boletín Oficial, promulgó la Ley de Financiamiento Universitario casi tres semanas después de que el Senado confirmara su vigencia al rechazar el veto presidencial de Javier Milei, en una votación que replicó lo resuelto previamente por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la administración nacional resolvió posponer su aplicación hasta que el Congreso determine las partidas presupuestarias y las fuentes de financiamiento correspondientes.