Ocho años después, la herida del ARA San Juan sigue abierta. El 15 de noviembre de 2017, el submarino argentino desapareció en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo durante una misión de patrullaje que, en teoría, debía ser de rutina. Pero algo falló de manera catastrófica y nada volvió a ser igual para las familias.

En los días que siguieron, hubo versiones cruzadas, rumores, silencios incómodos y un juego político de culpas que solo sumó confusión. Nadie sabía nada con certeza. Recién semanas después se confirmó que no había sobrevivientes. Y un año más tarde, tras una búsqueda internacional y peritajes exigidos por los familiares, llegó la confirmación más dura: el submarino había implosionado a más de 900 metros de profundidad.

Las causas, sin embargo, siguen rodeadas de sombras. Se habló de incendios en las baterías, fallas eléctricas, explosiones internas e incluso teorías sobre un ataque extranjero. Pero nada quedó firme y las familias aún esperan una verdad que no llega.

La investigación pasó por manos de expertos privados, organismos del Estado, empresas extranjeras y una extensa Comisión Bicameral en el Congreso. Hubo testimonios, informes y horas de exposición, pero muy poco se tradujo en avances judiciales.

A ocho años, la causa finalmente fue elevada a juicio en Santa Cruz, donde cuatro oficiales de la Armada enfrentarán cargos por “estrago culposo agravado”. Todavía no hay fecha. Mientras tanto, otro capítulo oscuro rodea el expediente: las denuncias de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas, un escándalo que involucró al expresidente Mauricio Macri y cuyos cargos fueron cerrados por la Corte Suprema hace apenas unos días.

El caso ARA San Juan sigue siendo una deuda pendiente del Estado argentino. Las familias, que llevan ocho años reclamando respuestas, exigen lo mismo desde el día uno: verdad y justicia para los 44 tripulantes que nunca volvieron.