Ir al contenido
Logo
Actualidad

Coimas en ANDIS: otro ex funcionario se negó a declarar en Comodoro Py

La investigación incluye un cronograma de indagatorias que se extenderá hasta diciembre y analiza adjudicaciones por unos $40.000 millones y accesos no autorizados al sistema de contrataciones.

Coimas en ANDIS: otro ex funcionario se negó a declarar en Comodoro Py

La causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tuvo nuevas presentaciones en los tribunales de Comodoro Py, donde comenzaron a desfilar los ex funcionarios citados por el juez. Spagnuolo, quien estuvo al frente del organismo, se presentó ayer y permaneció cerca de dos horas, aunque decidió no responder preguntas. Este jueves ocurrió lo mismo con Daniel María Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

El esquema de citaciones continuará el 28 de noviembre con la convocatoria a Lorena Di Giorno y seguirá en diciembre con Silvana Vanina Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo.

Dentro del expediente se investigan dos líneas principales: el supuesto direccionamiento de contrataciones y eventuales pedidos de coimas. De hecho, se describe que las droguerías Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta habrían recibido adjudicaciones consecutivas por un monto estimado en $40.000 millones durante un período de un año y medio, coincidente con la gestión de Spagnuolo y Garbellini.

Los registros del caso también incorporan información sobre personas ajenas a la plantilla formal de la agencia que habrían tenido acceso al sistema de contrataciones mediante usuario y clave. En ese apartado figura Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por participar en decisiones del organismo pese a no ocupar un cargo interno.

En otro tramo de la investigación aparecen mencionados dos lobistas, Calvete y Pablo Achavajian. Según comunicaciones incorporadas al expediente, ambos habrían intervenido dando indicaciones sobre qué proveedores debían ser beneficiados, cuáles sancionados y qué montos liberar, lo que para la fiscalía configuraría una estructura que influía en el circuito de contrataciones públicas.