La Corte Suprema puso en marcha el procedimiento para que más de 60 millones de dólares y varios inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín pasen formalmente al Estado, en el marco del expediente conocido como “la ruta del dinero K”. La comunicación salió mediante un oficio firmado por Sergio Romero, director general de Gestión Interna e Infraestructura, que fue enviado al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel.

El decomiso fue ordenado por el TOF 4 en abril de 2021 y ratificado por la Cámara de Casación en 2023. Los montos establecidos ascienden a USD 61.130.860,86 y $4.174.697, estos últimos sujetos a actualización conforme al IPC del INDEC. En el oficio, Romero requirió además que el dinero sea transferido a dos cuentas del máximo tribunal y pidió toda la documentación vinculada a las subastas del expediente 3017/2013/TO2/14.

El avance se destrabó después de la resolución del 29 de mayo de 2025, cuando Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisibles los recursos de las defensas. Esa decisión dejó firmes tanto las condenas como los decomisos y abrió la puerta para iniciar la ejecución administrativa de los bienes.

Mientras el proceso judicial avanzaba, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, dependiente del Ministerio de Justicia, para administrar los activos provenientes de causas penales. Pero en octubre, el juez Pablo Cayssials frenó la medida con una cautelar al considerar que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” y afecta la autonomía y la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.

Con los decomisos confirmados y los trámites administrativos ya activados, la Corte continúa ahora los pasos necesarios para completar el traspaso del dinero y las propiedades al patrimonio estatal.