La feria judicial de verano fue habilitada de manera excepcional para que no se interrumpan durante enero tres investigaciones penales que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino y a miembros de su conducción. La decisión fue adoptada por los jueces a cargo de los expedientes, que dispusieron la continuidad de las medidas de prueba pese al receso judicial iniciado el viernes pasado.

Durante la feria, solo avanzan causas consideradas urgentes o aquellas en las que los magistrados ordenan expresamente su habilitación. En este caso, se resolvió que los expedientes continúen activos debido al estado de las investigaciones y a la necesidad de mantener en curso diligencias ya ordenadas, como allanamientos, pedidos de información financiera y citaciones a declarar.

Uno de los procesos es tramitado por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos mediante las firmas Sur Finanzas y TourProdEnter. En el marco de esa causa, se investigan operaciones de financiamiento y sponsoreo en las que la AFA habría intervenido como intermediaria, con fondos provenientes principalmente de los derechos de televisación del fútbol. Allí se dispusieron allanamientos en sedes de la AFA y en domicilios vinculados a Javier Faroni, además del levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil y pedidos de información financiera internacional. El empresario fue citado a declarar y deberá presentarse el 19 de enero.

Otro expediente que seguirá activo está a cargo del juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, y se vincula con la compra de una propiedad ubicada en Pilar, valuada en alrededor de 17 millones de dólares. La investigación apunta a determinar la titularidad real del inmueble, que figura a nombre de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte. En ese marco, el magistrado ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas la declaración de los pilotos del helicóptero que aterrizó en el helipuerto de la finca, mientras se analiza la capacidad económica de los titulares registrales y la existencia de bienes vinculados a la AFA. La causa mantiene, además, una discusión de competencia con el juzgado federal de Campana.

La tercera investigación corresponde al juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, y se originó a partir de una denuncia de ARCA por la presunta retención indebida de aproximadamente 17 mil millones de pesos en aportes previsionales. En ese expediente fueron imputados el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el tesorero, Pablo Toviggino; el secretario general, Cristian Malaspina; y el director general, Gustavo Lorenzo. A pedido del fiscal Navas Rial, se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la entidad.

Con la habilitación de la feria judicial, las tres causas continuarán tramitándose durante enero, mientras avanzan las medidas de prueba ordenadas y se aguardan nuevos movimientos en los expedientes que investigan a la conducción de la AFA.