El municipio de Berazategui, en el sur del Gran Buenos Aires, decidió llevar a la Justicia federal la creciente problemática de cortes de luz prolongados que se registraron en los últimos días y afectaron a numerosos barrios de ese distrito y del conurbano bonaerense. La medida fue impulsada por el jefe comunal, Carlos Balor, quien formalizó una denuncia penal contra Edesur S.A., la empresa concesionaria del servicio eléctrico en gran parte de la zona sur del Área Metropolitana.

La presentación ante el Juzgado Federal de Quilmes apunta a que la distribuidora sea investigada por los incumplimientos reiterados en la prestación del servicio y los perjuicios que esos apagones causaron en la vida cotidiana de los vecinos. Según fuentes judiciales y municipales, los cortes se dieron en una época de alta demanda de energía y fueron prolongados en varios sectores, generando desde inconvenientes con electrodomésticos hasta afectaciones en el suministro de agua potable, ya que los pozos que dependen de energía eléctrica quedaron sin funcionamiento.

Además de la denuncia penal, la comuna presentó escritos ante la justicia reclamando la habilitación de la feria judicial, de manera de poder obtener respuestas inmediatas sobre la situación y las posibles soluciones. La iniciativa de Balor se enmarca en un contexto de reclamos vecinales y presión social por el servicio deficiente, que ya había motivado acciones anteriores contra la empresa por parte de la gestión municipal.

El reclamo judicial del municipio de Berazategui se suma a otras presentaciones y demandas de usuarios y defensores del servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires, donde muchos hogares quedaron sin energía durante picos de temperaturas extremas y las compañías no lograron garantizar la continuidad del suministro. Organismos de control como el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) también registraron a decenas de miles de usuarios afectados en la región, lo que refleja la magnitud de la problemática.

La denuncia penal busca que se investigue no solo la recurrencia de los apagones sino también las consecuencias que estos generan, tanto en la vida cotidiana de los habitantes como en servicios esenciales que dependen de un suministro estable de electricidad. Las autoridades locales esperan que, con la intervención judicial, se puedan fijar responsabilidades claras y establecer medidas concretas para evitar la repetición de estos cortes.