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La Justicia federal avanzó este lunes con un nuevo paso en la causa que investiga presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por Nicolás Maduro. El fiscal Stornelli requirió formalmente su extradición a la Argentina con el objetivo de que sea indagado en el expediente abierto a partir de una denuncia presentada el año pasado, que ya había tenido como antecedente la frustración de una visita del dirigente venezolano a Buenos Aires.
El pedido fue elevado por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2. En su presentación, Stornelli recordó que sobre Maduro existe una situación procesal vigente en el país, al señalar que “pesa un llamado a prestar declaración indagatoria y una orden de detención vigente” dictada en el marco de la investigación por delitos de lesa humanidad.
El origen de la causa se remonta a 2024, cuando el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia impulsó una denuncia penal contra Maduro y otros integrantes del gobierno venezolano. En ese contexto, la organización solicitó su extradición desde Estados Unidos hacia la Argentina mediante un escrito firmado por su presidente, el legislador porteño Waldo Wolff. En un comunicado difundido entonces, el FADD sostuvo que “en ese momento, se iniciaron las acciones pertinentes en contra de Nicolás Maduro y de quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado los hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad, así reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.
La presentación judicial fue realizada cuando Wolff se desempeñaba como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y presidía la entidad denunciante. A partir de esa actuación, el expediente avanzó en los tribunales federales de Comodoro Py y, en septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña dispuso la “inmediata detención” de Maduro y de Diosdado Cabello para que prestaran declaración indagatoria por “graves violaciones a los derechos humanos”.
En aquella resolución, el tribunal también ordenó que se diera intervención a Interpol para solicitar la captura internacional de los imputados a través del sistema de alertas rojas. Esa medida continúa vigente y constituye uno de los antecedentes centrales que derivaron en el actual pedido de extradición formulado por el fiscal Stornelli.
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