El Gobierno desmintió un artículo periodístico de La Nación sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941 que modificó la Ley de Inteligencia. A través de un comunicado, el organismo aseguró que la nota "contiene falsedades y busca generar confusión con interpretaciones malintencionadas y falsas".

La publicación en cuestión, firmada por la periodista Delfina Celichini, repasaba punto por punto el decreto firmado el 31 de diciembre y advertía que el nuevo esquema “reordena equilibrios internos y fragmenta el manejo del sistema de inteligencia” de manera “elástica”, algo que, de acuerdo con el artículo, podría habilitar tareas de inteligencia sobre actividades legítimas como la militancia política o el periodismo. También advertía que permitiría que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos internos. A eso se sumaba la duda sobre el carácter de urgencia del DNU, un punto que el Gobierno viene defendiendo desde su publicación.

La Secretaría de Inteligencia salió a responder con un mensaje directo desde su cuenta oficial en X. Allí afirmó que el decreto no amplía el alcance de la vigilancia estatal, sino que busca fortalecer la integración del Sistema de Inteligencia Nacional y mejorar la producción de “información estratégica para asistir la toma de decisiones del Poder Ejecutivo”. El organismo insistió en que las acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia están definidas dentro del universo de amenazas a la seguridad estratégica nacional, y aclaró que esas categorías no incluyen a militantes políticos ni a periodistas.

Sobre la reorganización de las áreas de inteligencia de Defensa y Seguridad Interior, la SIDE negó que el decreto rompa consensos democráticos y sostuvo que, por el contrario, elimina tareas de investigación criminal que no le corresponden y evita la duplicación de estructuras militares dentro del Ministerio de Defensa. En otro tramo del comunicado, justificó la urgencia del DNU en el “complejo contexto internacional” y mencionó, entre otros factores, “la captura del principal dictador de la región”. Según el organismo, no era posible esperar al inicio de las sesiones ordinarias de marzo.

La SIDE también respondió a las críticas por la falta de debate legislativo. Aseguró que las modificaciones que requieren una discusión más profunda serán tratadas en el Congreso cuando el Ejecutivo envíe un proyecto de reforma integral, que, según adelantaron, ya está en elaboración. El mensaje cerró con un dardo directo al diario: escribir sobre inteligencia “requiere conocimiento y especialización”, por lo que recomendaron a los periodistas “informarse en lugar de arriesgarse a publicar falsedades”.

El comunicado no pasó desapercibido en el arco político. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, lo calificó como un “apriete explícito” contra ka autora de la nota cuestionada. En un mensaje publicado en X, advirtió que la intervención del organismo constituye “un mensaje intimidatorio de enorme gravedad institucional” y remarcó que la SIDE “no está para disciplinar voces críticas”. Para Ferraro, el episodio traspasa los límites de su función y atenta contra la libertad de expresión.