El Gobierno nacional dispuso cambios en la conducción local de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y oficializó nuevas designaciones en el Directorio y el Consejo de Administración, tras la aceptación de varias renuncias. Las modificaciones quedaron establecidas a través del decreto 15/2026, publicado este miércoles.
Entre las decisiones adoptadas, la Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Alfonso Peña al cargo de Director Ejecutivo, función que ocupaba desde febrero de 2024. No obstante, continuará dentro del organismo, ya que fue designado consejero para completar un período legal que vence el 31 de marzo de 2027, con vigencia desde el 12 de enero.
La vacante será cubierta por Diego Luis Adúriz, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como consejero, luego de la renuncia de José Antonio López. Adúriz había sido designado como representante de CAMMESA y formó parte del equipo de asesores del Ministerio de Economía durante 2024. Desde febrero del año pasado integraba el Consejo de la Central Hidroeléctrica y ahora asumirá como Director Ejecutivo por un período que finalizará en enero de 2031. En el esquema local continúan Ana Clara Almirón, Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea.
Además, el Gobierno avanzó en la recomposición del Consejo de Administración con la incorporación de Manuel Ignacio Chavarría Bertolami, quien ejercerá como consejero hasta el 31 de agosto de este año, tras la salida de López, designado en junio de 2024 para completar un mandato que vencía próximamente.
Las designaciones se realizaron conforme al Tratado de Yacyretá, firmado por Argentina y Paraguay en 1973, y a las normas que regulan la integración y el funcionamiento de los órganos de administración de la entidad.
En ese marco, el decreto recordó el acuerdo suscripto en mayo de 2025 entre ambos países para garantizar el funcionamiento de la represa y la distribución de la energía generada. Ese entendimiento establece mecanismos de cesión voluntaria mediante los cuales Paraguay toma en promedio 425 megavatios de los 3.100 producidos, lo que permite que Argentina acceda hasta al 85 por ciento de la energía disponible cuando ese excedente no es requerido por el país vecino.