El Gobierno nacional giró al Congreso el Decreto 941/2025, que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado y amplió sus facultades, mientras distintos bloques de la oposición impulsan su rechazo. Unión por la Patria presentó un proyecto para derogarlo y otros espacios anticiparon una postura similar.

La iniciativa fue enviada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y deberá ser evaluada por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene diez días hábiles para expedirse, aunque todavía no fue conformada. Cumplido ese plazo, el decreto podrá ser tratado por cualquiera de las dos cámaras, incluso si no hay dictamen.

La normativa firmada por el presidente Javier Milei solo quedará sin efecto si es rechazada tanto por Diputados como por el Senado. Si una sola cámara la objeta o si no se debate, continuará vigente. 

Según trascendió, el Ejecutivo envió el decreto al Senado al límite del plazo legal, mientras que a la Cámara de Diputados lo remitió días antes. En ese escenario, sectores opositores reclamaron a las autoridades parlamentarias, Victoria Villarruel y Martín Menem, que avancen con la conformación de la Bicameral.

Desde la oposición sostienen que el oficialismo busca dilatar el tratamiento al menos hasta febrero. El kirchnerismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica anticiparon su rechazo tras advertir sobre un posible “espionaje político”, mientras que La Libertad Avanza espera contar con el respaldo del PRO para sostener el decreto.

El texto, firmado el 31 de diciembre y publicado el 2 de enero en el Boletín Oficial, modificó la ley nacional de inteligencia para ampliar las facultades de la SIDE y reducir su estructura. Entre los cambios incluidos se establece que las tareas pasen a tener carácter encubierto y se habilita a los agentes a aprehender personas con orden judicial o en situaciones de flagrancia.