El documento fue firmado días antes del lanzamiento del token e incluía cláusulas de confidencialidad.

Caso $LIBRA: filtran un acuerdo confidencial firmado por Javier Milei y Hayden Davis
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El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, que agrupa a trabajadores de la marina mercante y fluvia, expresó su rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei y su equipo, al estimar que quita derechos a los trabajadores” y abre paso a una mayor precarización laboral en su sector.
Este sindicato, liderado por el capitán Mariano Moreno, cuestionó al Ejecutivo por considerar que el borrador de la reforma se redactó “a espaldas del movimiento obrero” y sin consulta a los trabajadores directamente afectados, lo que, según su postura, limita la representatividad y puede erosionar derechos laborales históricos.
Como parte de su respuesta, el sector decidió sumarse a las movilizaciones y actos de protesta planificados por otros gremios, incluidos sindicatos de la CGT y las CTA, que demandan a los gobernadores y legisladores que rechacen el proyecto durante su tratamiento en el Congreso a principios de febrero.
Los patrones fluviales también advirtieron que, de mantenerse las propuestas de apertura y flexibilización incluidas en la reforma y en otras medidas normativas relacionadas (como ciertas resoluciones administrativas cuestionadas por esta agrupación), podría generarse un modelo de “trabajo golondrina” sin protección sindical ni garantías colectivas para la actividad fluvial y marítima.
El rechazo de este sector se enmarca en un contexto más amplio de oposición sindical y gremial a la reforma laboral, que ha concitado resistencia de distintos sindicatos y organizaciones de trabajadores en todo el país por el posible impacto en derechos, condiciones laborales y negociación colectiva.

El documento fue firmado días antes del lanzamiento del token e incluía cláusulas de confidencialidad.
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También se adelantó que la actualización del expediente podría derivar en un agravamiento de las imputaciones.
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Los cambios fueron oficializados mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026 en el Boletín Oficial.
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El pacto convertiría a la Argentina en un “tercer país” de acogida y se enmarca en la política migratoria de la administración actual.
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