Los herederos del sable corvo que perteneció al general José de San Martín recurrieron a la Justicia para impedir que la pieza sea retirada del Museo Histórico Nacional, ante versiones que indican que el Gobierno evalúa trasladarla al Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo.

La presentación fue realizada por Mercedes Terrero, María Rosa Terrero, Sebastián Terrero, Candelaria Domínguez Cossio y Malena Terrero, descendientes de Juan Nepomuceno José Miguel Buenaventura Terrero y Villarino, quienes solicitaron una medida cautelar ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar cualquier movimiento del sable.

En el escrito, patrocinado por los abogados Rechanik y Castro Bianchi, sostuvieron que la intención de trasladar la reliquia surge de “manifestaciones del propio presidente de la Nación y funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional, quienes pretenden tomar el sable corvo del Libertador San Martín como si se tratara de un bien propio y entregarlo al Cuartel de Regimiento de Granaderos a Caballo con el objetivo de poder obtener una foto con dicho elemento histórico”. También remarcaron que “el Regimiento de Granaderos ya posee una réplica del sable, resultando innecesario y carente de razonabilidad el traslado de la pieza original, además de que se encuentran vastos antecedentes respecto de que no es la institución atinada para custodiarla”.

En ese marco, advirtieron que Milei tendría previsto exhibir el sable durante un acto oficial: “La presente acción está además motivada por declaraciones de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional que manifestaron públicamente las intenciones de sustraer la reliquia del museo (sin haber dado intervención ni a la comisión ni al propio museo) para que sea trasladado en helicóptero por el presidente de la Nación para la celebración de un acto el próximo 7 de febrero".

Finalmente, los descendientes del donante subrayaron que “las declaraciones oficiales por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional evidencian la latente intención de violar de manera directa el alcance y los efectos del decreto del Poder Ejecutivo de fecha 3 de marzo de 1897, mediante el cual el Estado Nacional aceptó la donación bajo un destino específico y determinado, integrando el sable corvo al patrimonio público con una finalidad cultural, histórica y museística concreta”.