La Justicia rechazó el pedido de los descendientes de Juan Manuel de Rosas para frenar el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, aunque dejó abierta la investigación de fondo sobre el destino de la pieza histórica.

La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, quien desestimó la medida interina solicitada por la familia Terrero-Rosas pocos días antes del acto previsto para el 7 de febrero en San Lorenzo, Santa Fe. De esta manera, quedó habilitado el traslado dispuesto por el decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei.

En su resolución, la magistrada sostuvo que, en esta etapa inicial del proceso, no se acreditó la existencia de un “cargo” jurídico vinculante en la donación que obligue a mantener el sable de manera exclusiva en el museo. También señaló la falta de documentación suficiente que demuestre, de forma concluyente, el vínculo de los demandantes con Rosas. En ese marco, afirmó que “no se encuentran reunidos los requisitos legales aptos para hacer lugar a lo requerido”.

No obstante, la jueza ordenó que el Regimiento de Granaderos informe en un plazo de cinco días cuál será el destino del sable dentro del cuartel y detalle las medidas de seguridad y conservación previstas para su resguardo y eventual exhibición pública.

Y, según informó Infobae, desde la familia, el abogado Nicolás Rechanik remarcó que "la cuestión de fondo sigue. La jueza quiere escuchar al Gobierno nacional y tener por acreditado el vínculo de los descendientes para luego expedirse sobre la cautelar”, aunque advirtió su preocupación por el traslado aéreo de la reliquia: “Se está autorizando que suban el sable a un helicóptero y lo lleven a San Lorenzo”.

La reacción ante el traslado

La polémica derivó incluso en la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, y reavivó el debate entre especialistas y referentes culturales sobre el uso político de símbolos históricos y el impacto que este precedente podría tener en futuras donaciones patrimoniales.

Aunque el traslado sigue programado para el 7 de febrero, el expediente continúa abierto. De hecho, la Justicia deberá analizar nueva documentación, informes del Ejecutivo y dictámenes de organismos especializados antes de resolver de manera definitiva la disputa sobre la custodia del sable corvo de San Martín.