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La protesta de efectivos policiales en Santa Fe escaló en las últimas horas tras manifestaciones frente a dependencias oficiales, denuncias cruzadas y el anuncio de sanciones disciplinarias por parte del Gobierno provincial. Mientras las autoridades reconocieron la legitimidad del reclamo salarial, también advirtieron que investigarán posibles delitos y responsabilizaron a algunos grupos por episodios violentos. Desde el sector de policías autoconvocados, en cambio, denunciaron represión y la interrupción del diálogo oficial.
El conflicto tuvo uno de sus focos en Rosario, donde un grupo de efectivos se concentró frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales, condiciones laborales y asistencia en salud mental. Durante la madrugada se ordenó un desalojo que generó tensión y enfrentamientos entre agentes.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó que el reclamo del personal policial es “legítimo” y reconoció problemas vinculados a salarios y condiciones laborales. Sin embargo, sostuvo que durante la protesta se registraron acciones que calificó como violentas y contrarias a la ley.
Según detalló, al menos veinte móviles policiales fueron paralizados y abandonados frente a la jefatura en Rosario, lo que consideró un incumplimiento de funciones. Por ese motivo, el Gobierno inició actuaciones administrativas contra los agentes involucrados.
El funcionario confirmó que cerca de veinte policías fueron pasados a disponibilidad, con retiro de armas y chalecos antibalas, y adelantó que el Ministerio Público de la Acusación investiga posibles responsabilidades penales. Además, remarcó que la provincia está dispuesta a discutir mejoras laborales, pero advirtió que no negociará medidas que afecten el patrullaje y la seguridad pública.
Denuncian represión en las protestas
Desde el sector de efectivos que impulsa la protesta, el vocero Gabriel Sarla aseguró que el reclamo comenzó de forma pacífica y que el conflicto se profundizó luego de que se interrumpiera el diálogo con el Gobierno.
El referente sostuvo que el punto de mayor tensión ocurrió durante una vigilia frente a la sede de Fiscalía en memoria de policías fallecidos, donde, según denunció, hubo represión contra familiares y personal retirado.
También rechazó las acusaciones de abandono de servicio y explicó que algunos agentes dejaron sus puestos porque, según afirmó, sus familiares estaban siendo agredidos. Además, cuestionó versiones sobre los salarios de la fuerza y aseguró que un policía que recién ingresa percibe entre $800.000 y $900.000, mientras que un efectivo con más de una década de antigüedad no supera, según su estimación, el millón trescientos mil pesos.
Cómo sigue el conflicto
Desde la Asociación Personal Policial reclamaron una recomposición salarial que ubique el haber inicial al menos en el nivel de la canasta básica total y exigieron mayor transparencia en la liquidación de sueldos.
En paralelo, el Gobierno provincial ratificó que mantiene en marcha un plan integral para mejorar las condiciones laborales de la Policía santafesina. La iniciativa contempla cuatro ejes principales: recomposición económica, asistencia en salud mental, mejoras en alojamiento y transporte.
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