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Bajo la Resolución 68/2026, el Ejecutivo busca profundizar la "eficiencia del gasto público". La normativa exige a los delegados sindicales renunciar a su tutela para poder acceder al beneficio.
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El Gobierno nacional formalizó este lunes el lanzamiento de un nuevo plan de retiro voluntario dirigido exclusivamente al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida, oficializada mediante la Resolución 68/2026 en el Boletín Oficial y tendría el objetivo de reducir la planta de empleados del Estado bajo un esquema de acuerdo mutuo.
La iniciativa, denominada Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), se sustenta en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que define a la desvinculación como un acto de "voluntad concurrente" entre el organismo y el agente. Según la normativa, el retiro debe formalizarse mediante escritura pública o ante autoridad judicial y requiere la ratificación posterior ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) para su correspondiente homologación.
Para acceder al régimen, los empleados deben contar con una antigüedad mínima de dos años. Sin embargo, la resolución aclara que la adhesión “constituye un acto estrictamente voluntario del agente, y su otorgamiento se encuentra sujeto a la exclusiva evaluación y aprobación de la ANSES, sin generar derecho subjetivo alguno a su concesión”. El período de adhesión permanecerá abierto hasta el 5 de abril de 2026, con excepciones de prórroga únicamente para quienes se encuentren bajo licencia por maternidad u ordinaria.
El reglamento establece exclusiones estrictas para quienes tengan procesos penales contra la administración pública, sumarios disciplinarios en curso o trámites jubilatorios ya iniciados. Asimismo, se fijó un límite de edad de 62 años para aplicar. Un punto clave de la resolución afecta a la representación gremial, ya que se determinó que "los empleados con mandatos sindicales vigentes deberán renunciar a su cargo" y a su correspondiente tutela sindical para poder ser elegibles dentro del programa.
En términos económicos, el personal que suscriba al acuerdo percibirá una gratificación extraordinaria única de egreso equivalente al 90% por cada año de servicio, con un tope de 24 haberes brutos. El régimen estipula que el pago se realizará en una sola cuota hasta la suma de $80 millones. Para montos que superen ese techo, el Estado efectuará el pago en dos cuotas mensuales y consecutivas, calculadas sobre los conceptos brutos normales y habituales del trabajador.

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