En un giro inesperado, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó una resolución que favorece la postura argentina, que es la suspensión total de los procesos judiciales paralelos y de todas las demandas vinculadas al caso hasta que se resuelva la "cuestión de fondo": es decir, si el fallo de la jueza Preska, que condenó al país a pagar unos USD 18.000 millones, es válido o debe ser revocado.

Esta decisión representa un alivio inmediato para la Procuración del Tesoro, ahora bajo el mando de Sebastián Amerio. La resolución frena el proceso de "discovery" (exhibición de documentos), mediante el cual el fondo Burford Capital buscaba rastrear activos embargables de la República Argentina en el exterior. Con esto, quedan sin efecto las audiencias de abril y los pedidos para entregar correos y mensajes personales de funcionarios actuales y anteriores, como el ministro Luis Caputo.

Un factor determinante en este resultado fue el respaldo explícito del Gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia norteamericano presentó un memorándum ante la Cámara advirtiendo que las exigencias de Burford eran "excesivamente intrusivas" y vulneraban la soberanía de un Estado extranjero. Además, Washington alertó que permitir este tipo de hostigamiento judicial contra Argentina podría generar represalias similares contra funcionarios estadounidenses en tribunales de otros países.

La suspensión también alcanza la moción de desacato impulsada por los demandantes. Burford venía presionando para que Argentina fuera sancionada por no cumplir con la entrega de información sensible, pero la Cámara decidió que no tiene sentido avanzar con multas o sanciones mientras no esté firme la sentencia principal. Según analistas judiciales, esta pausa pone fin a una estrategia que la defensa argentina calificó como un "hostigamiento desproporcionado" destinado a forzar un acuerdo de pago.

A pesar de este respiro, la batalla legal está lejos de terminar. La Cámara de Apelaciones ahora deberá concentrarse en analizar si el fallo de Preska respetó el estatuto de YPF y las leyes argentinas al momento de la estatización en 2012. Mientras Burford asegura que el país tiene "pocas chances" de revertir la condena millonaria, el Gobierno nacional celebra este fallo intermedio como una oportunidad para reorganizar su defensa sin la presión constante de embargos inminentes sobre activos soberanos, como las reservas de oro del BCRA.