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El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue denunciado penalmente este jueves ante el Juzgado Federal N°12 por presuntas anomalías en la contratación de personal y en la adjudicación de espacios comerciales en Tecnópolis. La presentación sostiene que se habrían omitido los procedimientos de licitación pública exigidos para la concesión de áreas de servicios dentro del parque. Según el escrito, estas acciones podrían encuadrar en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales.
Uno de los ejes de la acusación se enfoca en la designación de asesores dentro de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. El texto detalla que "se habrían realizado contrataciones directas de personal con sueldos exorbitantes que no guardan relación con las tareas asignadas", cuestionando la discrecionalidad en el uso de partidas presupuestarias. También afirma que estas maniobras configuran un esquema de "favoritismo político" que contradice los principios de austeridad de la administración.
En cuanto a la administración de Tecnópolis, se describen irregularidades en la entrega de stands y espacios gastronómicos. "Se han detectado concesiones a empresas vinculadas a funcionarios que no atravesaron ningún proceso de compulsa de precios", señala el documento, subrayando que la ausencia de transparencia generó un perjuicio fiscal millonario. Los denunciantes solicitaron investigar un presunto direccionamiento previo para beneficiar a sectores del entorno directo del funcionario.
La investigación también pone la lupa sobre el manejo de la pauta oficial y el financiamiento de plataformas digitales. La presentación destaca que "existen evidencias de desvíos de fondos publicitarios hacia estructuras que carecen de alcance comprobable", sugiriendo el uso de recursos públicos para fortalecer canales de difusión paraoficiales. Esta acusación implica que se habrían eludido los controles de la Auditoría General de la Nación mediante mecanismos de contratación directa.
Según informó Noticias Argentinas, desde el entorno de Adorni desestimaron las acusaciones calificándolas como "operaciones políticas sin sustento fáctico" y aseguraron que no existe ninguna irregularidad administrativa. "Estamos a disposición de la Justicia para demostrar que cada peso invertido fue auditado conforme a la normativa vigente", indicaron.
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