Italia comenzó a votar este domingo en un referéndum constitucional para aprobar o rechazar la reforma judicial impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni. La consulta, que se extiende durante dos días, definirá si se implementan cambios profundos en el sistema judicial y se convirtió en un momento clave para el futuro político de la primera ministra.

La propuesta busca modificar la estructura de la Justicia italiana, incluyendo la separación de las carreras de jueces y fiscales, la división del órgano de gobierno judicial en dos entidades y la creación de un tribunal disciplinario específico. Según el oficialismo, estas medidas permitirán reducir la politización y mejorar la eficiencia del sistema.

Sin embargo, la reforma generó una fuerte controversia. Sectores de la oposición, magistrados y organizaciones civiles advierten que los cambios podrían debilitar la independencia judicial y abrir la puerta a una mayor injerencia política en el funcionamiento de los tribunales.

La campaña estuvo marcada por un clima de alta tensión y discursos confrontativos. Mientras el gobierno defendió la iniciativa como una modernización necesaria, sus críticos la calificaron como un intento de concentrar poder. Las encuestas previas mostraban un escenario muy parejo entre quienes apoyan y quienes rechazan la reforma.

El referéndum también tiene un fuerte peso político: más allá de su contenido técnico, es interpretado como una prueba sobre la gestión de Meloni, a poco más de un año de las próximas elecciones generales previstas para 2027. Con más de 45 millones de electores habilitados, incluyendo a ciudadanos residentes en el exterior, el resultado se definirá por mayoría simple y no requiere un mínimo de participación.