La querella en la causa por la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA realizó hoy una presentación formal ante el fiscal Eduardo Taiano. En el escrito, solicitaron la citación a indagatoria del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del operador financiero Mauricio Novelli. El pedido se apoya en las conclusiones de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DATIP) sobre el teléfono de Novelli, donde se habrían detectado intercambios que sugieren negociaciones para favorecer el lanzamiento y la promoción del activo digital.

El peritaje telefónico es el eje central de este nuevo movimiento judicial. Según los querellantes, el análisis del dispositivo arrojó evidencias de un esquema de coordinación entre el entorno presidencial y operadores privados para otorgar respaldo institucional al token. La sospecha de la querella se centra en el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, argumentando que el Presidente habría participado en la promoción de un activo privado del cual habrían derivado beneficios financieros para su círculo cercano.

Por su parte, la defensa de Mauricio Novelli no tardó en reaccionar y presentó un pedido de nulidad absoluta del peritaje. Los abogados del financista sostienen que la extracción de datos de la DATIP no respetó los parámetros de búsqueda establecidos por el juzgado, incorporando información de carácter estrictamente privado que no guarda relación con el objeto de la investigación. Para la defensa, esta "excedencia" en el análisis invalida la prueba y constituye una violación a la intimidad de su defendido.

En términos institucionales, el fiscal Taiano deberá ahora evaluar si los elementos aportados por el peritaje tienen el peso suficiente para avanzar con las citaciones solicitadas o si, por el contrario, hace lugar al planteo de nulidad de la defensa. En paralelo, la causa continúa investigando el rol del empresario estadounidense Hayden Davis y otros colaboradores del oficialismo, en un expediente que busca determinar si hubo una estructura orquestada desde el Estado para validar una operatoria financiera que dejó miles de damnificados.

Hasta el momento, desde la Casa Rosada han mantenido una postura de rechazo a las acusaciones, calificándolas de maniobras políticas sin sustento probatorio. No obstante, la incorporación del material extraído del celular de Novelli marca un hito administrativo en el proceso, ya que obliga a la fiscalía a expedirse sobre la responsabilidad directa de los funcionarios mencionados en las comunicaciones rescatadas.