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El conflicto en las universidades públicas se profundiza con nuevas medidas de fuerza en todo el país. Exigen la aplicación de la ley de financiamiento y una recomposición salarial frente a la inflación.

Este lunes 30 de marzo comienza la tercera semana del paro nacional universitario, en el marco de un conflicto que sigue escalando y que tiene como eje central la exigencia de mayor presupuesto para el sistema educativo superior.
La medida es impulsada por las federaciones gremiales Conadu Histórica y Conadu, que buscan visibilizar el reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el año pasado.
Además del financiamiento, uno de los principales puntos del conflicto es la recomposición salarial. Desde los gremios advierten que los sueldos docentes registran un atraso significativo frente a la inflación.
En este sentido, docentes de la Universidad de Buenos Aires presentaron a comienzos de marzo un informe sobre la evolución salarial que encendió las alarmas: según el relevamiento, el salario real se encuentra en su nivel más bajo histórico.
De acuerdo con ese estudio, los ingresos actuales están un 35,6% por debajo de noviembre de 2023 y, además, un 2,7% por debajo de los niveles más críticos registrados en 2004.
Hasta el martes 31, distintas facultades y universidades permanecerán cerradas en el marco de la jornada de lucha. Entre ellas, la Universidad Nacional de Luján confirmó una semana completa de paro docente y no docente, que se extenderá desde el 30 de marzo hasta el 4 de abril.
La medida fue definida “en defensa de la universidad pública y por salarios dignos”, según comunicaron desde la institución.
En paralelo, la Universidad Nacional de La Plata también se suma al plan de lucha. A través de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata, el gremio votó medidas de fuerza que se desarrollarán durante toda la semana.
Además del cese de actividades, se prevén concentraciones en las inmediaciones de distintas sedes universitarias y eventuales movilizaciones, aunque hasta el momento no hay definiciones concretas sobre fechas, horarios ni lugares.
El conflicto universitario se da en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y el sistema educativo, con reclamos que apuntan tanto al financiamiento estructural como a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
De no haber respuestas en los próximos días, el plan de lucha podría profundizarse, con nuevas medidas que impactarían en el normal funcionamiento de las universidades públicas en todo el país.

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