En una jornada marcada por la tensión en Balcarce 50, el Gobierno Nacional decidió prohibir el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas acreditados que pertenecen a medios de comunicación señalados por su presunta vinculación con una "campaña rusa" de desinformación dirigida contra el presidente Javier Milei.

La medida se hizo efectiva este lunes, cuando el personal de seguridad impidió el paso de los cronistas habituales de la Sala de Periodistas, bajo el argumento de que sus respectivos medios forman parte de una investigación por operaciones de "guerra híbrida".

Según se informó, desde el entorno presidencial y la Secretaría de Comunicación, la decisión se fundamentó en la protección de la seguridad nacional y la integridad de las comunicaciones oficiales. Según dejaron trascender fuentes del Ejecutivo: "No se trata de una restricción a la libertad de prensa, sino de una medida preventiva ante la identificación de actores que operan bajo directivas de agencias extranjeras con el objetivo de desestabilizar las instituciones argentinas".

Asimismo, la explicación oficial vinculó directamente la prohibición con los informes de inteligencia que denuncian una red de portales y periodistas que habrían difundido noticias falsas financiadas desde el exterior: "La acreditación en Casa Rosada es un privilegio que conlleva la responsabilidad de informar con veracidad y no puede ser utilizada como plataforma para ejecutar campañas de desprestigio coordinadas por potencias extranjeras".

Repudio y repercusiones

La decisión generó una respuesta inmediata por parte de las asociaciones de prensa y diversos bloques de la oposición, quienes consideran que la medida sienta un precedente peligroso para el ejercicio del periodismo en el país. Los comunicadores afectados, por su parte, negaron las acusaciones de vinculación con redes de desinformación y denunciaron un "acto de censura previa".

El conflicto se da en un momento de relación tirante entre el Ejecutivo y la prensa acreditada, luego de que meses atrás se modificaran los criterios de acreditación para exigir mayores requisitos de trayectoria y alcance de los medios representados en la sede de Gobierno.