El organismo recomendó reemplazarlos por transferencias directas a los sectores vulnerables para no comprometer las cuentas públicas.
El FMI calificó de "costosos e ineficientes" a los subsidios y al control de precios
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La Justicia de Cafayate imputó a la dueña del predio donde se realizó el polémico casamiento en la Quebrada de las Conchas, un área protegida, en el marco de una causa que investiga la utilización de permisos falsos para llevar adelante el evento. La medida fue dispuesta por la fiscal penal Sandra Rojas, quien encabeza la investigación.
La imputación recae sobre una mujer de 36 años, acusada de falsificación de instrumento público y uso de documento falso, tras detectarse que la autorización ambiental presentada para realizar la boda no era válida. Según la causa, el documento exhibido tenía inconsistencias como membretes incorrectos, firmas no reconocidas y ausencia de registro oficial.
El caso se originó el 23 de marzo, cuando un agente de la Secretaría de Ambiente detectó, durante un control sobre la Ruta Nacional 68, una estructura montada en plena reserva natural: había escenario, iluminación y equipos de sonido listos para el evento. Al tratarse de un área protegida, se exigió la autorización correspondiente, que luego se comprobó que no existía.
La Quebrada de las Conchas es una zona bajo resguardo ambiental, por lo que cualquier intervención requiere permisos específicos del Estado. El propio secretario de Ambiente de Salta, Alejandro José Aldazábal, denunció el hecho y calificó el documento presentado como “apócrifo”, lo que reforzó la hipótesis de una maniobra para simular una habilitación oficial.
La investigación no se limita a la imputada: la fiscalía busca determinar si hubo más responsables en la organización del evento, que tuvo gran repercusión pública por el despliegue montado en un entorno natural protegido. En paralelo, interviene la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), donde ya declararon funcionarios del área ambiental y se prevén nuevos testimonios de efectivos policiales.
El caso, que generó fuerte impacto mediático y fue apodado en redes como “Cafayate Fantasy”, abrió además un debate sobre los controles estatales y la preservación de áreas protegidas frente a eventos privados de gran escala. Mientras avanza la causa, la Justicia intenta reconstruir cómo se gestionó el casamiento y quiénes participaron en la presunta maniobra ilegal.
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