Intendentes de todo el país evalúan denunciar al ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de caudales públicos, tras advertir sobre la retención de fondos destinados a infraestructura vial y la falta de respuesta oficial ante sus reclamos.

La advertencia surgió luego de que la Federación Argentina de Municipios (FAM) presentara un documento ante el Ministerio de Economía, en el que plantearon la necesidad de normalizar el flujo de recursos. En paralelo, comenzaron consultas con asesores legales para impulsar una acción judicial en caso de no abrirse una instancia de diálogo.

Reclamo por fondos del impuesto a los combustibles

Según detallaron desde la FAM, el artículo 19 de la ley 23.966 —modificado por la ley 27.430— establece que una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. De ese total, hasta un 20% puede utilizarse para obras ferroviarias, mientras que el resto debe dirigirse a obras viales, de acuerdo con el decreto 976/2001.

Los jefes comunales sostienen que el incumplimiento de esta asignación afecta directamente a las comunidades. En esa línea, remarcaron que durante el último año se recaudaron aproximadamente 3,5 billones de pesos para el fideicomiso, de los cuales a Vialidad le correspondían 2,25 billones, pero solo se habrían transferido 1,2 billones.

“Ese dinero se destina a la especulación financiera vía emisión y pago de bonos, compra de dólares y para favorecer el carry trade”, cuestionó una intendenta tras la presentación en la cartera económica, en declaraciones consignadas por la Agencia Noticias Argentinas.

Posible avance judicial

La reunión en la que se definió avanzar con el análisis legal se realizó en la sede de la FAM y fue encabezada por su titular, Fernando Espinoza, junto a representantes de distintos espacios políticos. Allí coincidieron en que, de no haber una convocatoria urgente por parte del Gobierno, se avanzará con una estrategia judicial.

En paralelo, trascendió que en la Casa Rosada existe preocupación ante la posibilidad de denuncias y eventuales investigaciones en tribunales federales, en un contexto de creciente tensión entre Nación y municipios.

Recaudación y advertencias

El documento presentado también señala que entre el 1 de enero y el 31 de marzo el Estado habría recaudado 1,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles sin destinarlos a obras ni a la reducción del precio en surtidores.

Desde la FAM advierten que la situación es crítica: “Los recursos se agotan. Pedimos diálogo para encontrar soluciones, pero si no somos escuchados no queda otra opción”, expresó uno de sus integrantes.

El conflicto suma un nuevo frente para el Gobierno nacional, en medio de la discusión por la distribución de recursos y el impacto de las políticas económicas en las provincias y municipios.