La comunidad universitaria denuncia que el Gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste sobre las universidades nacionales, mientras el Ejecutivo mantiene paralizada la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y avanza con nuevos recortes presupuestarios a la educación.

El reclamo se apoya en cifras concretas: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó en un 45,6% la caída real de las transferencias a las universidades nacionales desde 2023. El deterioro no solo afecta el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, sino también la investigación, la extensión, las becas y los hospitales universitarios.

El presupuesto de las Universidades Nacionales (Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”) registró un fuerte ajuste durante la gestión de La Libertad Avanza. Entre 2023 y 2025, la caída en términos reales alcanzó el 32,5%. Si se compara con el presupuesto vigente en 2026 en pesos constante (proyección de la inflación hasta diciembre basada en la mediana del REM), el crédito asciende a $4,87 billones, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). "En términos reales, esto implica una reducción acumulada del 41,6% respecto de 2023", precisaron.

En ese marco, rectores, docentes, no docentes y estudiantes convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para este martes 17 en Plaza de Mayo. Allí, se realizará el acto central tras una jornada que incluirá paros totales y la suspensión de clases en todas las instituciones de educación superior pública del territorio argentino.

Motosierra a las universidades: el peso del ajuste recayó sobre los salarios

El 86,9% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios docentes y no docentes, por lo que el grueso del recorte impactó directamente sobre los ingresos del personal.

Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026, el salario real de los trabajadores universitarios cayó 34,2% real. La pérdida acumulada fue particularmente severa durante los primeros meses de gestión de Milei, pero continuó profundizándose a lo largo de 2025 y en el arranque de 2026.

El deterioro salarial llevó a una situación crítica: solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de los niveles más altos logran superar la línea de pobreza en base a las canastas del INDEC. En muchos casos, los cargos docentes con dedicación simple ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria.

Una ley aprobada, vetada y ratificada, aún sin aplicación

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada en octubre, luego de que el Presidente la vetara. Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que no contaba con una fuente específica de financiamiento.

En diciembre del año pasado, la Justicia ordenó al Estado nacional cumplir con la norma, pero el Ejecutivo respondió con un proyecto para modificarla y reducir su impacto fiscal. Según el CEPA, si la ley estuviera vigente, el presupuesto universitario de 2026 sería significativamente mayor y permitiría recomponer buena parte del poder adquisitivo perdido por docentes y no docentes.

Hospitales universitarios, en una situación crítica

Otro de los focos del conflicto son los seis hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, entre ellos el Hospital de Clínicas José de San Martín y el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.

Las autoridades universitarias denuncian que el Gobierno no giró cerca de $80.000 millones ya presupuestados y advierten que los recursos disponibles alcanzarían para sostener las prestaciones durante apenas 45 días.

Aunque, el Ministerio de Capital Humano tildó de "falsas" las denuncias y aseguró que transfirió "mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios" asignados en el Presupuesto 2026. Además, acusó a la UBA de intentar apropiarse del 94,5% de un fondo destinado a todo el sistema universitario nacional.

Sin embargo, el Gobierno confirmó este lunes que avanza en la creación de una comisión integrada por rectores de universidades con hospitales propios para definir criterios de financiamiento y distribución de recursos.

 “Lo que nosotros queremos es hacer más eficiente, más inteligente, y que la gente tenga acceso a la información de cada universidad”, sostuvo la titular de la cartera Sandra Pettovello durante una rueda de prensa.

Nuevo recorte a la educación por casi $79.000 millones

En la antesala de la movilización, el Gobierno oficializó mediante la Decisión Administrativa 20/2026 un recorte de $78.768 millones en partidas de la Secretaría de Educación.

La poda alcanzó al Plan Nacional de Alfabetización, al Fondo de Compensación Salarial Docente, a programas de infraestructura escolar y a políticas socioeducativas, incluidas becas estudiantiles. También se recortaron más de $5.300 millones destinados a obras en 13 universidades nacionales, entre ellas las de Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de General San Martín, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad Nacional de Entre Ríos.

Convocada por el CIN, la UBA, gremios docentes y organizaciones estudiantiles, la movilización de este martes buscará presionar al Gobierno para que cumpla con la ley votada por el Congreso y revierta el ajuste.

El conflicto universitario se convirtió en uno de los principales focos de resistencia a la política de recorte del gasto público. Y los números muestran que, lejos de haberse estabilizado, la situación presupuestaria y salarial continúa deteriorándose.