El Gobierno pondrá en marcha este viernes una nueva etapa del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) con la publicación de los pliegos licitatorios para transferir el control accionario de la compañía. La iniciativa contempla la venta del 90% de las acciones que hoy permanecen en manos del Estado nacional y forma parte del esquema de privatizaciones habilitado por la Ley Bases.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la medida y se refirió al objetivo: "La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos".

A través de un posteo en redes, Caputo también defendió el rumbo oficial respecto de las empresas públicas: "Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento". Y concluyó: "Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos".

El proceso privatizador ya había tenido un avance clave a fines de abril, cuando el Ejecutivo aprobó el nuevo esquema contractual que regirá la futura concesión de AySA. Ese modelo prevé que un operador estratégico adquiera al menos el 51% del paquete accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que otra parte de las acciones podrá salir al mercado bursátil.

La nueva estructura mantiene el sistema de concesión actualmente vigente, aunque incorpora modificaciones regulatorias y redefine obligaciones para la empresa adjudicataria. Entre las condiciones establecidas figura la ejecución del “Plan de Acción de Transición 2024-2026”, cuyos lineamientos deberán incorporarse posteriormente al esquema tarifario correspondiente al período 2027-2031.

Desde el Gobierno sostienen que la transición hacia una gestión privada no afectará la prestación del servicio y remarcan que el proceso se desarrollará bajo criterios de “transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia”. Con la apertura formal de la licitación, el mercado comenzará a evaluar las condiciones económicas del negocio, especialmente el esquema tarifario futuro y las obligaciones de inversión que deberá asumir el próximo concesionario.