La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este viernes un nuevo capítulo. El contratista Matías Tabar se presentó de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración y aportar documentación vinculada a las refacciones realizadas en una propiedad del funcionario ubicada en el country Indio Qua.

Según trascendió, el empresario entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones mantenidas con Adorni durante el desarrollo de la obra. Además, ratificó que el costo total de los trabajos ascendió a USD 245.000 y aseguró que los pagos se realizaron en dólares y en efectivo, una modalidad que definió como “habitual” dentro del rubro de la construcción.

Tabar explicó que inicialmente su intervención contemplaba una primera etapa valuada en USD 94.000, aunque el presupuesto fue creciendo a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones en la vivienda. “Yo le pasé un presupuesto, él lo aceptó, empezamos a trabajar y se empezaron a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra”, sostuvo ante la Justicia.

El contratista también intentó despegarse de las versiones sobre maniobras irregulares y aclaró que solo una parte del dinero correspondía a honorarios personales. Según detalló, alrededor de USD 20.000 fueron para su trabajo profesional y el resto se destinó a materiales, mano de obra y otros servicios asociados a la refacción. “En ningún momento vinieron bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”, afirmó.

Otro de los ejes de la investigación está puesto en la modalidad de pago. Tabar confirmó que recibió dólares billete y sostuvo que, hace dos años, era una práctica frecuente para resguardar el valor de las operaciones ante el contexto económico. “Es la única forma que el constructor trata de resguardar”, explicó.

Horas antes de presentarse en tribunales, el empresario había salido públicamente a respaldar a Adorni. “Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, señaló en una entrevista. Mientras tanto, la Justicia continúa recolectando pruebas para determinar si existe una incompatibilidad entre los ingresos declarados por el funcionario y los gastos realizados en la propiedad investigada.