La causa que investiga a Marcelo Porcel por presuntos abusos sexuales contra alumnos del Colegio Palermo Chico sumó nuevas medidas de protección para los denunciantes. Los diez adolescentes que impulsaron la investigación ya cuentan con botones antipánico, mientras que este miércoles se concretó la colocación de una tobillera electrónica al acusado para controlar el cumplimiento de las restricciones impuestas por la Justicia.

Los dispositivos entregados a las víctimas por la Policía de la Ciudad consisten en teléfonos celulares con una aplicación especial que permite emitir alertas de emergencia ante cualquier situación de riesgo. La medida busca garantizar una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad frente a eventuales incumplimientos de la prohibición de acercamiento que pesa sobre el empresario.

La medida se implementó con retraso debido a cuestiones administrativas. Según trascendió, aún resta coordinar información necesaria para poner en funcionamiento el sistema de monitoreo y establecer los parámetros de restricción que deberá cumplir el acusado. Ante esa situación, el abogado de las víctimas, Pablo Hawlena Gianotti, presentó dos escritos para reclamar la ejecución inmediata de la medida. El planteo se produjo luego de que transcurrieran varios días desde que la Cámara ratificó la resolución sin que se hubiera concretado la colocación de la tobillera.

La semana pasada y tras la difusión de un video en redes sociales donde se lo veía asistiendo a una Iglesia, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional evitó confirmar una encarcelación, pero ordenó la “inmediata colocación del dispositivo” de geolocalización para "supervisar" el cumplimiento de las restricciones.

Marcelo Porcel se encuentra procesado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por aprovechamiento de una situación de guarda, además de corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores sin consentimiento. De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en oficinas y domicilios del acusado. Los denunciantes, que tenían entre 11 y 15 años al momento de los episodios, habrían sido captados a partir de vínculos de confianza construidos con sus familias y luego expuestos a situaciones de contenido sexual, presuntamente facilitadas por el suministro de alcohol y distintas maniobras de manipulación.