A un año de la ratificación de su condena en la causa Vialidad, legisladores de Unión por la Patria realizaron una conferencia en el Congreso para reclamar por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionar las condiciones impuestas en su prisión domiciliaria. También entregaron una carta dirigida a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura en la que denunciaron presuntas irregularidades en la detención de la ex mandataria y solicitaron revisar las restricciones que enfrenta en su domicilio.

“Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez. Además, vinculó la situación de la ex presidenta con la calidad institucional del país y sostuvo que “no hay plena democracia cuando se impide el derecho de la ciudadanía a elegir libremente sus representantes”.

Luego, cuestionó el rol del Poder Judicial: "No hay democracia cuando el Poder Judicial se mete, se inmiscuye en la competencia política a través de sus sentencias" ni cuando "se convierte en un instrumento de disciplinamiento político".

En otro tramo de su discurso, llamó al resto de "las fuerzas políticas democráticas en la Argentina no pueden permanecer calladas ni mirando para otro lado frente a todas las arbitrariedades cometidas contra Cristina" y advirtió que “el silencio y en muchos casos la convalidación de este accionar no va a impedir que estos rasgos antidemocráticos terminen más temprano que tarde recayendo sobre la totalidad del sistema institucional político de la Argentina”.

Como parte de sus argumentos, recordó declaraciones de Milei y Macri sobre la situación judicial de la ex presidenta: "Un presidente y un expresidente metiéndose y dejando en claro la discrecionalidad y la arbitrariedad no solamente de este fallo sino de toda la persecución contra Cristina". También se apoyó en un informe elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública sobre el régimen de prisión domiciliaria en la Justicia Federal. Según los legisladores, de los 2.513 detenidos bajo esta modalidad, solo una minoría tiene restricciones de visitas o utiliza tobillera electrónica.