El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó este miércoles que el diputado nacional José Luis Espert sea citado a declaración indagatoria en una causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero vinculado al empresario Federico "Fred" Machado, recientemente condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos, además de haber sido investigado por narcotráfico.

La investigación sostiene que Espert habría intentado otorgar apariencia de legalidad a fondos provenientes de Machado mediante distintas operaciones patrimoniales. Entre ellas figuran la compra de vehículos de alta gama, como un BMW y un Lexus, y aportes a un fideicomiso denominado Dunas, movimientos que, según la fiscalía, podrían haber servido para justificar el origen del dinero.

El pedido también alcanza a Varianza S.A., la sociedad vinculada al legislador, por la presunta presentación de documentación contable falsa para respaldar esas operaciones. Además, el fiscal requirió la indagatoria de Mariano Cosentino, contador de Espert, por su presunta participación en las maniobras investigadas.

La causa tomó impulso tras la condena de Machado en Estados Unidos. El empresario había financiado la primera campaña presidencial de Espert en 2019 y mantenía distintos vínculos comerciales con el economista. Uno de los ejes del expediente es una transferencia de USD 200.000 que Machado envió a Espert en 2020. Según un contrato firmado entre ambos, el acuerdo contemplaba pagos por un total de USD 1 millón.

Espert aseguró públicamente que esos fondos correspondían a servicios de consultoría para un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa explicación al señalar que el diputado nunca viajó a ese país, que las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no estaban en funcionamiento y que no existen elementos que acrediten la realización efectiva de esos trabajos.

Ahora será el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de indagatoria. Mientras tanto, el legislador continúa con sus bienes inhibidos y no puede disponer de sus cuentas bancarias ni vender propiedades sin autorización judicial.