La Cámara Nacional en lo Civil respaldó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al convalidar el traslado de su sede social a Pilar y dejar sin efecto la designación de veedores impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Ministerio de Justicia.

En el mismo fallo, el tribunal consideró cancelada la inscripción de la entidad en el Registro Público de la IGJ y estableció que el organismo ya no tiene competencia para fiscalizar a la AFA, ya que esa función quedó en manos de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires.

Los jueces Rolleri, Caia y Converset señalaron que, tras la inscripción del cambio de domicilio, "quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad". Además, la Cámara declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y de la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores por 180 días hábiles.

La disputa judicial se originó a partir de la decisión de la Asamblea General de la AFA de trasladar, en octubre de 2024, su domicilio social desde la Ciudad de Buenos Aires a la localidad bonaerense de Pilar. Para los camaristas, una vez que el cambio fue aprobado e inscripto por la autoridad provincial, la IGJ perdió la facultad de revisar esa decisión o cuestionar la nueva jurisdicción. Los magistrados también remarcaron que el cambio de sede no implica la ausencia de controles, sino que la fiscalización continuará bajo la órbita del organismo bonaerense competente.

No obstante, el fallo no modifica las investigaciones penales que siguen en trámite contra la AFA y algunos de sus dirigentes. Entre ellas figuran una causa por presunto lavado de dinero vinculada a inmuebles en Pilar y otra en la que Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino están procesados por la presunta retención indebida de aportes.